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Basura de oro

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Ayuntamiento de Jaime Valls cobrará 87 pesos mensuales por recolección de desperdicios


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En Tuxtla Gutiérrez, la basura vale oro. El gobierno municipal de Jaime Valls cobrará 87 pesos mensuales en cada casa o departamento “por el servicio de recolección de basura”.La medida ha sido tomada pese a que en el año 2006, cuando el servicio de recolección y procesamiento de desperdicios se privatizó por 20 años, “no se cobraría un solo peso”.
Tinta Fresca le cuenta, paso a paso, la historia de este sucio negocio.

“A todos los usuarios…”

Un oficio de la Tesorería Municipal, de fecha 25 de enero, que ya ha sido notificado a los habitantes de Tuxtla, informa que el pago deberá hacerse “los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada quincena del mes” con personales del ayuntamiento o “a las oficinas recaudadoras”.

La misiva está dirigida “a todos los usuarios del servicio de recolección de basura” y está firmado por un tal Francisco Javier Ruiz Serrano, coordinador de Recaudación Tributaria del Departamento de Registro y Control de Ingresos de la Tesorería. Ahí, nunca se aclara el motivo, sólo se “fundamenta” la medida en un artículo: el 17, fracción 1, inciso C de la Ley de Ingresos Municipal.

ESTAMPA urbana. La basura nuestra de cada día, que desde el año 2006 en que se privatizó su servicio, se dijo que no estaría en las calles. Foto: ViCC


La privatización, ya privatizada

En el arranque del año 2006, el gobierno municipal, entonces a cargo de Rosario
Chacha Pariente, entregó por 20 años, hasta el 2026, la concesión de basura. La empresa transnacional Proactiva se encargaría de recolectarla, transportarla y depositarla por un pago anual de 50 millones de pesos que le haría el ayuntamiento conejo. Es decir, el gobierno municipal le comenzó a pagar 150 mil pesos diarios para que esa empresa recolectara los 700 gramos de basura que, en promedio al día, genera cada tuxtleco. El ayuntamiento no recibe ninguna participación del reciclaje de basura aunque sí dio todas las facilidades para el nuevo relleno sanitario en el ejido Emiliano Zapata, a las afueras de Tuxtla. Este medio constató que desde fines de 2005 (Tinta Fresca 30/Noviembre de 2005), personal de Proactiva, empresa que oficialmente aún no tenía la concesión de basura, ya trabajaba ahí.

La basura, aún en las calles…

Cuando
Proactiva se hizo cargo de la basura en Tuxtla, la cual llega a 450 toneladas de desperdicios al día, se dijo que no habría más inmundicia en las calles.

En 2007, durante el arranque del gobierno de Jaime Valls, la transnacional inauguró una terminal de transferencia y anunció ahí la compra de carros recolectores y contenedores. El basurero municipal ya había terminado su vida útil de 10 años pero se le transformó para que no hubiese zopilotes (lo cual no se logró) y los pepenadores bajaron de 125 a, “apenas”, 25. Lo que sí se logró, pero desde el 2004, cuando el gobierno de Juan Sabines se hizo cargo, era retirar el tiradero de basura en 10 hectáreas y concentrarla en una. Además de que las familias que ahí vivían, en medio del desperdicio, fueron sacadas del lugar por no haber condiciones de salud adecuadas. Pero eso se hizo antes de
Proactiva. Hoy, a pesar de los camiones recolectores, los contenedores amarillos colocados sólo a lo largo de la Avenida Central, y el aviso del toque de campana, la basura sigue en las calles. Mientras tanto, el gobierno municipal de Jaime Valls cobrará 87 pesos mensuales en cada casa o departamento por recoger la basura, sin obtener provecho alguno del manejo de residuos, pues eso sólo es derecho de la empresa recolectora, procesadora y almacenadora de los desperdicios: Proactiva. Ni duda cabe: en la capital chiapaneca, la basura vale oro.

¿Un sucio negocio?

Detrás de
Proactiva, algo huele muy mal. En el negocio de la basura, donde una transnacional “ganó” la licitación en 2006, está involucrado el nombre de Juan Carlos López Fernández. El sujeto señalado fue asesor del gobierno municipal, después se convertiría en director de prensa del gobierno estatal, más tarde diputado local y en la actualidad es diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Como “asesor”, habría operado el sucio negocio en beneficio suyo, a través de la empresa Consorcio Internacional de Medio Ambiente (CIMA), que desde inicios de 2005 empezó a operar en Tuxtla.

CIMA era una empresa multinacional conformada por la mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA), la francesa
Veolia Environment y la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ésta filial de Proactiva. Al final, curiosamente, sólo quedó Proactiva, que ya operaba. Así, en 2006, a pesar de oler tan mal, el sucio negocio se coronó y el servicio de basura se privatizó por 20 años; es decir, hasta el 2026.

Y para colmo, cobra en euros…

En Los Cabos, municipio bajacaliforniano donde
Proactiva se hizo cargo del servicio de basura desde 2004, el servicio no mejoró y para colmo cobra en euros. Concesionados los desperdicios por 15 años, hasta el 2019, el propio gobierno municipal abrió en su página electrónica (www.loscabos.gob.mx) un espacio para opinar de la recolección. De las 13 respuestas contenidas, sólo dos opinan positivamente con un simple “han mejorado” y el otro con la sencilla frase de “antes era muy irresponsable”. Las restantes 11 respuestas, valoran de “regular” a “pésimo servicio” lo ofrecido por Servicio de Tecnología Ambiental, donde Proactiva tiene el 50 por ciento de participación.

Ahí, la empresa cobra 33 millones 450 mil euros por el servicio de basura a ese municipio mexicano, al norte del país.


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